La CPM pidió a Kicillof "medidas urgentes" para mejorar la política criminal y el sistema penal

La Comisión por la Memoria (CPM) mantuvo ayer una reunión con el gobernador Axel Kicillof, en la que hizo entrega del XIV Informe Anual sobre políticas de seguridad y encierro, y manifestó su preocupación por el caso de Facundo Astudillo Castro.

Durante el encuentro se remarcó la necesidad de tomar medidas urgentes para revertir la gravísima situación que dejó la gestión  anterior en materia de política criminal y en el sistema penal. En este sentido, se puso a disposición el trabajo periódico de monitoreo, intervención, diagnóstico y producción de información que la Comisión despliega en la Provincia desde hace 20 años.

La CPM también transmitió la preocupación por la asonada policial, que se constituyó en un hecho gravísimo que pretendió condicionar a la actual gestión, y señaló la necesidad de democratizar la policía y fortalecer los controles sobre su accionar.

El organismo ofreció toda su colaboración y la experiencia acumulada en sus 20 años de trabajo, para aportar al diseño, abordaje y seguimiento de las políticas públicas en materia de derechos humanos. En este sentido, se remarcó puntualmente la necesidad de encarar reformas urgentes en el ámbito de la policía bonaerense, la niñez, la justicia y el servicio penitenciario.

Asimismo se destacó la política de salud provincial que permitió garantizar el incremento de camas de terapia intensiva para que el sistema público atienda la gravedad actual de la pandemia de Covid-19 y se solicitó que la salud penitenciaria deje de depender del Ministerio de Justicia para pasar al Ministerio de Salud.

Durante la reunión, la CPM también manifestó al gobernador su preocupación por la causa que investiga la desaparición forzada y posterior muerte de Facundo Astudillo Castro. El organismo, que interviene como querella institucional en la causa, pidió a Kicillof que el Estado provincial extreme las medidas para garantizar una investigación rápida, eficaz y transparente y brindar un acompañamiento a su familia.

El organismo compartió sus impresiones sobre los conflictos originados a partir de la toma de tierras en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. En este marco señaló su preocupación por la forma de abordar los mismos y la preponderancia de la intervención policial, lo que profundiza aún más el estado de vulneración e indefensión que padecen las personas que tienen obturado el acceso a la vivienda.

También se alertó sobre la necesidad de fortalecer el sistema de promoción y protección de derechos para niñas, niños y adolescentes, una materia pendiente en la provincia desde la sanción de la ley en 2005 y que produce sistemáticamente vulneración de derechos para uno de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad.

En cuanto al desempeño del poder judicial, se describieron de manera crítica las responsabilidades y acciones que agravan la sobrepoblación y hacinamiento de cárceles y comisarías, y la ausencia de investigaciones de casos de torturas. Asimismo se pidió el apartamiento del Fiscal General de Mar del Plata Fabián Fernández Garello, quien fuera agente de inteligencia de la policía bonaerense durante la última dictadura militar y está imputado por crímenes de lesa humanidad, esa causa ya fue elevada a juicio por la justicia federal.

El encuentro fue muy importante y todos los presentes coincidieron en comenzar a trazar una agenda de derechos humanos compartida, que debe imperiosamente incorporarse al debate actual en torno a las políticas de Estado, y que deberían diseñarse e implementarse de manera urgente para poder revertir la grave situación de vulneración en que viven una parte importante de las ciudadanas y ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

La delegación de la CPM estuvo encabezada por sus presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos. Además participaron su vicepresidente Víctor De Gennaro, el secretario ejecutivo Roberto Cipriano García, Yamila Zavala Rodríguez y la directora general Sandra Raggio. También fueron parte de la misma el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak, la Ministra de Gobierno Teresa García y el subsecretario de derechos humanos Matías Moreno.

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